Naturaleza real: Es una acción de carácter patrimonial que recae directamente sobre los bienes y no contra una persona en particular.

Vía jurisdiccional: Se tramita a través de un proceso judicial autónomo, con plenas garantías procesales, donde el Estado debe demostrar el vínculo de los bienes con actividades ilícitas.

Bienes sujetos: Pueden ser objeto de extinción todo tipo de bienes muebles, inmuebles, valores, derechos, empresas, etc., sobre los que existan indicios fundados de procedencia u utilización ilícita.

Carga de la prueba: Corresponde al Estado acreditar el origen o destino ilícito de los bienes mediante elementos de prueba sólidos.

Imprescriptible: La acción de extinción de dominio no prescribe o caduca mientras subsistan los bienes.

Autónoma: Es independiente de otros procesos penales, por lo que puede iniciarse sin necesidad de condena previa.

Fin público: Los bienes sobre los que se decrete la extinción de dominio son adjudicados definitivamente al Estado para su aprovechamiento lícito.

En esencia, la extinción de dominio busca privar a las organizaciones delictivas de su patrimonio ilegalmente obtenido, atacando así su fuente de operación y financiamiento, sin requerir una condena penal contra sus miembros.