La Sala de Casación Penal, mediante sentencia STP8591 del 23 de agosto de 2023 suscrita por todos los magistrados que la integran, al advertir la contradicción de la providencia STP5495-2023 dictada el 8 de junio de 2023 por la Sala de Decisión de Tutelas #3, respecto del criterio que siempre ha sostenido en torno a los estándares de argumentación del anuncio del sentido del fallo y la sentencia escrita, consideró necesario, como máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y acorde con su función principal de orientar el entendimiento de las normas de derecho penal, reiterarsu postura jurisprudencial sobre esta temática.
En dicha decisión la Corte, para claridad del apoderado judicial de la accionante y en lo que importa al presente asunto, hizo las siguientes precisiones:
«De otra parte, la sentencia escrita se rige por un criterio de motivación mucho más riguroso y detallado. No sólo establece con claridad y profundidad la pena correspondiente, sino que también aborda aspectos más intrincados como la concesión o negación de sustitutos y subrogados penales. Esta fase requiere del juez una exposición exhaustiva de los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos, sin que, obviamente, la extensión sea un factor determinante. Es un documento que refleja un análisis integral y pormenorizado del caso, ajustándose a los preceptos legales y criterios judiciales establecidos, garantizando de esta manera la plena observancia del debido proceso y los derechos de las partes involucradas.
El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 instruye al juez a evaluar si la detención es necesaria. Sin embargo, esta disposición se enfoca en los criterios para determinar la punibilidad y posibles mecanismos sustitutivos de la pena, distinguiéndose de otros requerimientos legales para imponer medidas de aseguramiento».
En la sentencia que viene de citarse, la Sala de Casación Penal de igual manera reiteró su postura jurisprudencial frente a la inaplicación por favorabilidad del artículo 188 de la Ley 600 de 2000 en procesos que se siguen por la Ley 906 de 2004, respecto de la necesidad de esperar la ejecutoria del fallo para ordenar la captura del condenado cuando se negaba el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y éste se encontraba gozando de una libertad provisional.
También le puede interesar leer: La preclusión de la actuación penal.
Corte Suprema de Justicia. STP3644-2024, radicado 135738. M. P. Gerardo Barbosa Castillo.